Con fecha 27 de mayo de 2017 se ha publicado en el BOE, el RD 9/2017, de 26 de mayo, mediante el cual se traspone al derecho español, entre otras Directivas de la UE, la Directiva 2014/104 en materia de acciones de daños por infracciones al Derecho de la Competencia.

Esta directiva modifica de manera sustantiva 3 aspectos de la Ley de Defensa de la Competencia (en adelante, “LDC”). En primer lugar modifica el artículo 64.3 por el que se regulan los criterios relativos a la determinación del importe de las sanciones por este tipo de infracciones, incluyendo como atenuante el resarcimiento del daño previo a la resolución que dictare la infracción. En segundo lugar, incorpora un nuevo título, el Título VI –artículos 71 a 81-, en el cual se regulan la competencia para el conocimiento de la reclamación de daños, los efectos de las resoluciones que adquieran firmeza dictadas por infracciones de Derecho de la Competencia en las acciones de daños, la responsabilidad por las infracciones, extensión de la misma a las personas que contralen el sujeto infractor, y el carácter solidario o conjunto de la responsabilidad, el derecho al pleno resarcimiento, los sobrecostes y su posible repercusión, la prueba de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción, el plazo para el ejercicio de este tipo de acciones y su cómputo, así como la posibilidad de soluciones extrajudiciales y sus efectos. Y en tercer lugar, modifica la disposición adicional cuarta de la LDC, cambiando las definiciones relativas a las acciones de daños por infracciones de Derecho de la Competencia, agrandando a su vez la definición de cártel dada en la norma, suprimiendo la condición de carácter secreto y, finalmente, ampliando el mismo a las prácticas pactadas entre competidores tendentes a coordinar su actuación en el mercado, sin que sea necesario que ostenten la condición de acuerdos.

La trasposición de la Directiva 2014/104 ha supuesto a su vez una modificación del artículo 283 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en el que se regula el acceso a las fuentes de prueba que se ponen a disposición del demandante, y que será aplicable a los procedimientos judiciales que se inicien con posterioridad a su entrada en vigor.